L’Audiència de València ha absuelto al exalcalde de Corbera, Jordi Vicedo, i a la secretaria municipal, Soledad Martinez, de los delitos de exacciones ilegales y prevaricación por los que les acusaba el Ministerio Fiscal y las empresas Áridos Romafe SL y Canteras y Áridos Llaurí SL que explotaban la cantera Girtal en este municipio de la Ribera Baixa.
Los magistrados de la sección Primera argumentan en su fallo que aún reconociendo que la actitud de los acusados «pudiera ser irregular, no nos corresponde verificar su análisis ni teorizar si ello comporta o genera algún tipo de responsabilidad». La sentencia prosigue, «entendemos que hay dudas, y no podemos afirmar y declarar probado que los pagos realizados por la empresa fueron efectivamente exigidos o impuestos por el ayuntamiento, como sostienen las acusaciones», advierten los magistrados, «lo que excluye el delito de exacciones y también el de prevaricación por la resoluciones en las que se documentaba la licencia y las prórrogas».
Tras la concesión de varias prórrogas por el consistorio de Corbera para la explotación de la cantera, el Ayuntamiento denegó, el 19 de enero de 2018, la prórroga de la explotación, al tiempo que ordenó la paralización de los trabajos y su cierre definitivo.
La Audiencia de Valencia entiende en su resolución que «no advertimos licitud penal al tratarse de un acto discrecional sin perjuicio de ser recurrido en la correspondiente vía contencioso-administrativa«. Y concluye que «existen dudas al respecto por lo que procede la absolución de los acusados». Culminan la resolución advirtiendo que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El Fiscal solicitaba para Vicedo una multa de 20 meses, 4 años de suspensión de empleo público además de 15 años de inhabilitación de empleo y cargo público. Y para la secretaria municipal, una multa de 15 meses, 4 años de empleo público junto a 12 años de inhabilitación de empleo o cargo público.
Protestas vecinales
- En març de 2019 nombrosos veïns participaren en la protesta convocada per la Plataforma contra la pedrera davant els tremolors que es senten al poble equiparable a sismes amb una intensitat de 3 a 4’5 graus en l’escala de Richter. També per l’aparició de clavills a les cases i perquè la pedrera està a «una distancia il·legal i molt imprudent, la casa més propera a 150 m, l’escola a 400 metres i el centre urbà no arriba a 500 metres».
- A més demanaven el seu tancament pels danys mediambientals a la muntanya, pel dany a les coves i en concret a la Cova Blanca així com als aqüífers.
