El PP acusa al govern d’Alzira de «tergiversar» les actuacions de l’equip de Bastidas

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El Bipartito tergiversa en su beneficio actuaciones del gobierno anterior

El acuerdo de esta incautación del aval se aprobó por unanimidad

 

El último miércoles de febrero se celebró el Pleno Ordinario del Ayuntamiento correspondiente a febrero.

Entre los puntos del orden de día, en concreto el punto 7º, trataba sobre el cumplimiento de la sentencia 126/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Valencia interpuesto por la empresa adjudicataria en su día del Programa de Actuación Integrada de “La Garrofera” contra el acuerdo plenario del 126 de noviembre de 2014 celebrado por el Ayuntamiento de Alzira; por supuesto el Grupo Popular votó a favor ya que las sentencias judiciales siempre deben de cumplirse. Una vez realizada la votación, en nuestro turno de palabra procedimos a realizar la explicación del sentido del voto de la siguiente manera:

La sentencia obliga al Ayuntamiento de Alzira a la devolución del aval que tuvo que ingresar la empresa Quatre Carreres, S.L., al adquirir su condición de urbanizador, según establecía por aquel entonces la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana.

En sesión plenaria de 29 de octubre de 2014, se trató la resolución del contrato de la adjudicación del PAI sector residencial La Garrofera en el que se tomó el acuerdo por unanimidad de todas las fuerzas políticas dejar sin efecto la adjudicación de la condición de agente urbanizador, así como incautar la fianza. Queremos resaltar que fue acuerdo aprobado por unanimidad incluso por los grupos de PSOE y Compromís que hoy formal el gobierno municipal.

Previo a la ejecución de la devolución de la fianza se le concedió un plazo de audiencia de 15 días hábiles a la empresa para que pudiera presentar las alegaciones oportunas, y según reza en el informe jurídico “una vez transcurrido el plazo de audiencia sin que hayan presentado alegación alguna debe procederse a la liquidación, así como a la ejecución de la garantía provisional”. De nuevo en sesión plenaria de 26 de noviembre de 2014, se somete a votación en el pleno y se acuerda por unanimidad liquidar el contrato con la urbanizadora, así como requerir al avalista el pago de los 860.000€ que se había incautado provisionalmente.

Una vez depositados los 860.000€ se hizo inversión de esa cantidad intentando retornar a la ciudadanía ese beneficio económico. No se invertía en grandes proyectos pero si en mejoras concretas como dinamización del comercio, ayudas a la Asociación empresarial, campaña de concienciación de recogida de excrementos de perros, asfaltado de vías urbanas y caminos rurales, ayudas a Cáritas y Cruz roja, adquisición de vehículo segunda mano para departamento, mobiliario para el local de les Bases, mejoras en la biblioteca, creación de 3 aulas para la Sociedad Musical, pantallas Gran Teatro, mobiliario urbano para cartelería, ambici, vestuarios halterofilia, mejoras en polideportivos, pista de cros, cuadro eléctrico Venecia, tratamiento legionela etc.

Ahora, parece ser que se critican las inversiones que ejecutó el Partido Popular, pues expliquen ustedes, señores del gobierno, cuál es su parecer de todas las grandes infraestructuras e instalaciones realizadas y que hoy disfruta la ciudad de Alzira.

Desde el Partido Popular, queremos aclarar que no es de recibo cuando se intenta tergiversar las palabras por parte del bipartito local, buscando titulares como herencias del PP, o que culpabilizamos a los técnicos municipales. No es así, desde el primer momento siempre nos basamos en los informes técnicos y jurídicos que nos hacen llegar los técnicos municipales. En el momento que se recuperó el aval, aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, lo primero que se dijo en la sesión plenaria fue el agradecimiento a los técnicos municipales y en especial a dos de ellos y no nos desdecimos de aquellas palabras, seguimos pensando que los técnicos hicieron muy bien su trabajo y desde el Partido Popular, que en aquel momento ostentaba el gobierno local, invertimos el dinero en la ciudadanía que era a quien se le debía retornar.

Por otro lado, según declaró la concejal de Urbanismo, Sra. Garés esta sentencia afectaba gravemente al remanente económico del que dispone el gobierno municipal “gracias a su buena gestión”.

Tendríamos que recordarle al bipartito que ese ahorro no se ha producido en la época de su mandato, sino que esto viene de la famosa “Ley Montoro” que obligaba a los Ayuntamientos a no poder gastarse todo el dinero recaudado. Ahora, en plena época de crisis se ha levantado el techo de gasto, que era el instrumento de control y equilibrio de las finanzas públicas que permitió la existencia de este remanente.