El Fiscal pide 8 años de prisión para Alberto Castillo que será juzgado a primeros de 2020

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Alberto Castillo a las puertas de los juzgados de Alzira

El Fiscal ha solicitado 8 años de prisión para Alberto Castillo, una multa de 9,1 millones de euros i una indemnización de 3,4 millones más intereses, por un delito de estafa, blanqueo de capitales y tres delitos de apropiación indebida, según ha podido averiguar Riberaexpress de fuentes relacionadas con el caso.

Para su padre, Rafael Castillo, a quien acusa de blanqueo de capitales, pide 4 años de prisión y 9,1 millones de euros de multa y penas menores para tres empleados de las empresas que gestionaba el imputado.

Las seis acusaciones particulares se han sumado a las peticiones de las penas formuladas por el Ministerio Fiscal.

El Juzgado Central  de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional acaba de emitir el auto de apertura para el juicio oral que, según fuente jurídicas, puede señalar la vista a finales de año, para que pueda celebrarse a primeros de 2020, caso que dirimirà un magistrado de gran prestigio como es José de la Mata, juez de otros casos tan mediáticos como el de los Puyol, Gürtel y la financiación del PP.

Detenido en julio de 2011

Cabe recordar que Alberto Castillo fue detenido por agentes de la Policía Nacional en Nules, a mediados del mes de julio del año 2011, después de que desapareciera el 31 de mayo. Según fuentes policiales, varios empleados vieron a Alberto Castillo sacar maletas de su domicilio, un chalet situado a unos 5 km de Alzira, junto con documentación y además se dieron cuenta de que había formateado su ordenador personal.

Castillo ofrecía importantes intereses por el capital aportado por cada inversor, superando los ofrecidos por la mayor parte de entidades bancarias y financieras, lo que los convertía en muy atractivos para los inversores.

Falta de liquidez y fuga

Su huida se produjo ante la falta de liquidez para pagar los intereses de las inversiones realizadas por sus clientes, que pusieron los hechos en conocimiento de la policía al sospechar que se había fugado con una importante cantidad de dinero.

Castillo era el administrador único de cuatro empresas (Alzibet y Alzicapital eran las más importantes), dedicadas a la captación de clientes a través de una amplia red de comerciales en las principales ciudades españolas.

La instrucción del caso lo llevó inicialmente el juzgado nº 6 de Alzira, cuya titular se inhibió en tres ocasiones a favor de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, que los rechazó dos veces hasta que el Tribunal Supremo decidió que era de su competencia.

La Juez de Alzira y los Juzgados Centrales

La magistrada de Alzira entendía que los Juzgados Centrales eran los competentes porque los 657 perjudicados, por un total superior a los 6 millones de euros, pertenecen a distintas provincias del territorio nacional, y concretamente afectan, según el juzgado de Alzira, a las audiencias de Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Toledo, Ávila, Girona, Vizcaya, Guipúzcoa, Málaga, A Coruña, Guadalajara, Asturias, Tarragona, Las Palmas, Zaragoza y Sevilla.

La Juez de Alzira, notificó en su día que el propio imputado, Alberto Castillo, reconoció en su declaración, «poseer un patrimonio de 35 millones de euros, de los cuales 18 millones han sido invertidos por los posibles afectados, según sus propias manifestaciones”.

Alberto Castillo se encuentra actualmente en libertad provisional, con la obligación de personarse, periódicamente, en un juzgado, habitualmente de Valencia, ciudad en la que fijó su residencia tras su detención hace 8 años.

Riberaexpress