La Juez de Alzira que impuso la censura a la prensa anula la medida

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Una juez de Alzira decretaba el pasado 2 de julio una medida insólita: la prohibición de que la prensa informara acerca de una polémica factura: el pago de 28.000 euros del Ayuntamiento de Algemesí a un despacho de abogados por la defensa de un funcionario. El grupo de la oposición Más Algemesí criticó en su día este dispendio. Se da la circunstancia de que el letrado es el marido de Beatriz Díaz, concejala de Educación y primera teniente de alcalde.

El pasado día 7, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Alzira, Vanesa Pérez, tras admitir el error y que este provenía de la anterior titular, inició los trámites para revocar la decisión al dar traslado a las partes para que presentaran alegaciones. Finalmente, en un auto fechado el pasado miércoles se declara «la nulidad de la providencia». Así, las actuaciones regresan al momento anterior a la polémica resolución, que adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS. Todo comienza de nuevo desde que se admitió la querella por injurias del propio letrado contra un responsable del partido político. El querellante solicitó entonces medidas cautelares, entre ellas la de que se prohibiera a la prensa informar acerca del conflicto. Incomprensiblemente, la juez firmó una resolución en la que incluyó las peticiones de la parte.

El auto de ayer equivale a una rectificación. Los motivos que alega para invalidar la providencia que imponía la censura previa son dos errores en el procedimiento. Por un lado, no se dio traslado a las partes y al fiscal acerca de esta medida, tal y como exige la ley. Además, las solicitudes se recogieron mediante providencia cuando debió ser a través de un auto, según admite la juez en esta última resolución judicial. En definitiva «no se han cumplido las normas esenciales del procedimiento y se ha podido generar indefensión», tal y como consta en el auto.

 

Nada más conocer la inaudita decisión judicial, LAS PROVINCIAS consultó con varios abogados con una dilatada carrera, acerca de semejante propuesta. Todos los profesionales coincidieron en lo sorprendente de una cautelar de este tipo y alguno calificó la decisión de «disparate». Se dio el caso incluso de algún letrado que consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por la vulneración de derechos fundamentales por parte de funcionario público

La responsable también admitió el fallo. La juez se había incorporado al juzgado el pasado día 2 de julio para sustituir a Elena Amorós, la titular del órgano que se encontraba de permiso. Fue esta última quien preparó esa resolución. Su regreso estaba previsto para finales del mes de agosto.

No obstante, el funcionario encargado del asunto entendió que al tratarse de medidas cautelares no podía esperar a su vuelta. Por eso se la entregó a la juez de refuerzo. Ella puso la firma sin conocer realmente el contenido. Una práctica que se produce con frecuencia en algunos juzgados. Dos semanas más tarde, todo ha quedado anulado.

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