Campaña de la FSP UGT por «La Dignidad es el Salario»

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Paco Santisteban

El empobrecimiento de los empleados públicos se constata con el hecho de que hemos perdido un 25% desde el 2010 y cobramos los  mismos salarios que hace una década. A esto se añade que se han destruido 500.000 empleos públicos. Todo ello repercute en el Estado de Bienestar Social que tanto nos ha costado construir.

 La Federación de Servicios Públicos de UGT ha iniciado una campaña en todo el territorio español con el lema “La dignidad es el salario”, con el fin de poner freno a una tendencia que viene desde el año 1982, pero que se agrava desde el 2010 y que ha supuesto la pérdida de poder adquisitivo de un 25% del salario con respecto a las subidas de los precios al consumo, impuestos, etc. A esto se añade que en la Comunidad Valenciana, por el Decreto Vela, la cifra de pérdida se eleva a un 30%. Situación que se está paliando de alguna manera con el Acuerdo de Octubre de 2013 que se firmó en Mesa General.

En mayo de 2010, los salarios públicos sufrieron un recorte del 5%. A partir de ese momento las políticas de reducción del déficit han consagrado la congelación salarial como algo habitual, a lo que se añade el RDL 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que suprimió la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y el Decreto Vela aquí en la Comunidad Valenciana. Pero todo al contrario, estas medidas han supuesto el empobrecimiento, en el caso de nuestra comunidad de cerca de 200.000 empleados públicos. Estamos cobrando como hace una década y a esta situación le añadimos el importante aumento de los impuestos directos e indirectos, la subida de las bases de cotización a los distintos regímenes de Seguridad Social… somos más pobres. Y por lo tanto,  la demanda y el consumo se ven seriamente perjudicados.

Estas medidas de contención del gasto en personal no han servido para reactivar la economía, y lo que han producido es una situación de contención de la demanda con repercusiones muy importantes para la economía y su reactivación.

Reivindicamos unos salarios dignos porque la profesionalización de los empleados públicos (mediante la formación, la cualificación, la promoción y la carrera) constituye un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en su conjunto. Dicha profesionalización conlleva ineludiblemente un reconocimiento salarial a la progresión desarrollada al respecto, lo que contribuye a la mejor calidad del trabajo desempeñado. Es además un instrumento de motivación y compromiso del personal.

El Estado de derecho requiere equilibrios y contrapesos. Un  empleo público fuerte, motivado y con unos salarios dignos es un factor crucial. Del mismo modo que ninguna democracia puede funcionar sin partidos políticos y sindicatos, es fundamental una Administración integrada a todos los niveles por empleados públicos que ingresen y hagan carrera por méritos profesionales con una contraprestación salarial que se corresponda con sus funciones y que sirvan a los ciudadanos y no a los partidos

Solo la apuesta por un empleo de calidad y salarios dignos y en condiciones de igualdad, conseguirán ser productivas y podrán competir y sobrevivir a largo plazo. Para reforzar el Estado de Bienestar es condición necesaria cambiar la política salarial, pues el salario debe proporcionar a todo empleado público y sus familias una remuneración suficiente. Sin una remuneración suficiente se niega la dignidad de la persona y se dificulta su participación en la vida política, social y cultural.

Unos salarios dignos suponen la mayor garantía para el desarrollo de unas prestaciones sociales acordes con las realidades de la ciudadanía, pues contribuyen a una mayor redistribución de la renta, corrigen desigualdades y refuerza la cohesión social. FSP-UGT considera necesario restablecer la negociación colectiva en función de sus principios esenciales: buena fe, publicidad, transparencia, eficacia y vinculación a lo firmado. Hay que dotar a la negociación colectiva del protagonismo que el EBEP pretendió. Es un objetivo irrenunciable negociar en los ámbitos correspondientes (mesas, convenios…) y tener como meta llegar a las tasas de cobertura salariales anteriores a los “decretazos”, así como negociar subidas salariales que permitan la recuperación del poder adquisitivo.

Continuaremos reclamando la devolución del salario perdido en el recorte del 5% de 2010, en las sucesivas congelaciones durante cuatro años consecutivos y en la supresión de la paga extra de diciembre de 2012. No es justo que los empleados públicos estén afrontando los precios actuales con salarios de una década.

Fuimos los primeros en hacer sacrificios cuando empezó la crisis y reclamamos al Gobierno el compromiso de que seamos también los primeros en percibir la recuperación a través del incremento salarial que nos corresponde.

 

 

 

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