Las razones de Fabra para cerrar RTVV

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«No se atreverá. Él no es así. Se lo han reprochado muchas veces. Tendría que dar un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad». El análisis era de un alto dirigente del PP valenciano, y aludía a la forma de actuar en política de Alberto Fabra. El pasado 5 de noviembre, esta especie de trazo sobre la personalidad del presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano quedó anticuado de un plumazo. Siete horas después de que el TSJ obligara a readmitir al millar de trabajadores despedidos de RTVV, el dirigente popular se decantó por la salida más traumática posible, el cierre de la Radiotelevisión Valenciana. Una decisión trascendente y que marcará previsiblemente lo que queda de legislatura. El buen dato del paro conocido unas horas antes pasó absolutamente inadvertido.

Desde su llegada al Palau de la Generalitat, la gestión de Fabra no se había caracterizado ni por un perfil altisonante ni por decisiones que reflejaran una personalidad arrolladora. La línea roja con los cargos del PP imputados en causas judiciales era, probablemente, la resolución más polémica de las adoptadas hasta esa fecha. Respecto a Madrid, la reivindicación de una mejor financiación y la reforma del Estatuto para blindar las inversiones habían resultado sendos fracasos. La imagen de político prudente que se había ganado como alcalde de Castellón amenazaba con convertirse en un lastre. Barones del PP valenciano comenzaban a afilar cuchillos.

Las cuatro opciones de Fabra

La decisión de cerrar RTVV no se adoptó el día que el TSJ valenciano hizo pública la sentencia. Fabra la venía rumiando desde tiempo atrás. La decisión de Rosa Vidal de salvar del ERE a casi 200 trabajadores disparó todas las alarmas en el Palau. José Císcar ya advirtió al jefe del Consell de los peligros que se corrían con esa decisión. Y la Abogacía de la Generalitat los ratificó.

Con un ERE nulo, Fabra tenía cuatro opciones sobre la mesa. De ellas, la única que estaba descartada desde el principio era la de volver a la casilla de salida, es decir, olvidarse de reajustar la plantilla de Canal 9 y volver a los 1.800 trabajadores y al presupuesto anual de casi 200 millones. Madrid no lo toleraría.

Las otras pasaban, en primer lugar, por un recurso caro -37 millones de euros- ante el Tribunal Supremo, que tanto por los plazos (la sentencia definitiva se conocería en vísperas de las autonómicas de 2015) como por la incertidumbre respecto a su resultado parecía desaconsejable. Volver a presentar el ERE, una vez efectuadas las correciones a las que obligara la sentencia del TSJ, parecía la más razonable. Incluso una combinación de ambas -anunciar recurso y ganar tiempo para negociar otro ERE con los sindicatos- estaba en la cabeza de muchos cargos populares.

«Va de farol»

Pero Fabra optó por la tercera vía. El cierre. La primera reacción de muchos fue de incredulidad. «Va de farol, es un órdago», se escuchó decir a más de uno. «No se atreverá, esa decisión tendría un coste político enorme», remachó algún otro. Dos folios de un comunicado en el que se culpaba a Rosa Vidal de la sentencia de nulidad terminaron de ratificar que la decisión del jefe del Consell iba en serio.

¿Y por qué se decantó el jefe por esta opción? ¿Qué le hizo concluir que valía la pena jugársela a quedarse sin la radio y la televisión autonómica? ¿Por qué arriesgarse a que hasta miembros de su partido le reprocharan que cambiara de baraja a mitad de partida -pasar de querer redimensionar una televisión a cerrarla-?

Los factores son variados. Entre los que incluyeron en la decisión del presidente no hay que menospreciar la consideración de que el resto de salidas no eran mejores o, por lo menos, la de que no dibujarían un escenario cómodo con el horizonte electoral de 2015 ya a la vista. También, probablemente, la de acabar con esa imagen de exceso de prudencia que, para muchos de sus barones, comenzaba a condicionar sus opciones de futuro.

Pero la que probablemente incidió de forma más determinante no estaba ni en el Palau de la Generalitat ni en la calle Quart (sede regional del PP), sino en el centro de producción de programas de Burjassot. Optar por el cierre resultaba una solución drástica y con un coste político -aunque cargos populares dan por hecho que su electorado no se resentirá por esta decisión-. Pero se perfilaba también como la única salida posible para acabar con esa especie de reino de taifas en el que se había convertido la televisión autonómica.

Los choques de Vidal con el Consell

Desde la llegada de Rosa Vidal a la dirección general de RTVV, la historia de la relación del ente público con la Generalitat es la de un choque permanente. Diferencias con el planteamiento general de gestión, con la tramitación del ERE, con las declaraciones de sus responsables… a las que se añadieron un progresivo aislamiento de la responsable de la televisión, hasta quedar comunicada con el Palau de la Generalitat únicamente a través de la secretaria autonómica de Coordinación, Esther Pastor.

Las colisiones con el Consell, y en especial con el vicepresidente Císcar, se convirtieron en habituales. Roces que podían incluso asumirse, dada la condición de profesional independiente (abogada del Estado) de la nueva directora general. Pero que comenzaron a hacerse más preocupantes cuando otros cargos del partido trasladaron también al entorno del jefe del Consell que lo que se emitía por Canal 9 ya no era el razonable cambio de formas y estilo tras su llegada al Palau de la Generalitat (imágenes del juicio a Carlos Fabra o sobre los cargos imputados del PP), sino que comenzaba a ofrecer un balance mucho más positivo de la oposición que de la propia acción de Gobierno. Desde el Palau de la Generalitat se trasladó a Vidal alguna de esas quejas. La respuesta de la directora general fue remitir a su jefa de Informativos, Esmeralda Velasco, que no atendió a razones -frenar su intento de hacer un especial de Dossiers sobre el accidente del metro ya costó lo suyo-.

Lo que comenzó como el intento de quitar a RTVV esa imagen de televisión pegada a la Generalitat como si de su propia sombra se tratara, derivó en un perfil que los propios dirigentes populares no reconocieron. Y lo que es más determinante, que la directora general no sólo no puso ningún interés en reconducir, sino que incluso se preció en algunos círculos de mantener. Vidal se sabía blindada por una ley que hacía casi imposible su salida. Que el propio presidente de la Generalitat le trasladara en una conversación el aviso de que una derrota del PPCV provocaría que le apartaran de inmediato del cargo tampoco le impresionó lo más mínimo. La dirección de RTVV se había convertido en algo descontrolado. Y el horizonte de 2015 -en un escenario ajustado como el que dibujan los sondeos si la recuperación económica comienza a percibirse entre los ciudadanos- no permitía aventuras con la televisión autonómica.

La reacción de los trabajadores

Con Vidal el diálogo comenzaba a hacerse imposible. Los colaboradores más estrechos del presidente no dudaron en advertirle de que el nombramiento no había cumplido las expectativas. Y RTVV no era un simple medio de comunicación (la actitud adoptada por los trabajadores desde el pasado martes se lo ha terminado de ratificar). Plantearse un relevo al frente de Canal 9 se antojaba como un imposible, dados los términos recogidos en la ley. Pero el escenario de futuro obligaba a plantearse alguna alternativa.

Y la salida la terminó dando la propia sentencia del TSJ. La nulidad del ERE le abría la puerta a cubrir muchas de esas debilidades que algunos cargos de su partido le detectaban. Falta de autoridad, incapacidad para encontrar salidas a los problemas, irrelevancia ante la dirección nacional de su partido… Fabra tanteó a la dirección nacional, y vio abierta la puerta para noquear a Vidal. De un plumazo, lo que había sido exceso de cautela se convirtió en valentía.

¿La reacción de los trabajadores y de la oposición? Que los representantes del tripartito en el consejo de administración se hicieran con las riendas de RTVV ayudó a reforzar la decisión tomada. ¿El coste social de la medida? El argumentario de no cerrar un colegio o un hospital por mantener Canal 9 tiene grietas en un presupuesto de 16.000 millones de euros. Pero puede calar en el electorado popular. No será fácil la gestión de las próximas semanas, pero en el seno del Consell se asume que mejor unos meses con una programación a la contra que llegar a las elecciones con un desgaste progresivo y con el convencimiento de tener que adoptar soluciones sin la capacidad de hacerlo.

La tesis electoral

El cierre de Radiotelevisión Valenciana serviría también para argumentar una tesis electoral sobre el cambio de la estrategia de los partidos con representación en Les Corts. Los dirigentes políticos, en cuestión de horas, ha armado un discurso veleta a favor del viento. En el último mitin de Zapatero en la plaza de toros de Valencia, el auditorio era un clamor en contra de Canal 9, mientras los profesionales del ente trataban de hacer un directo. Aquella mañana fue tensa para los profesionales de la casa. Ahora, los socialistas valencianos, que no han tenido reparos en reclamar el cierre del ente, anunciaron ayer que el PSOE va a recurrir al Constitucional la medida.

El líder socialista, Ximo Puig, que ayer se desplazó desde Madrid a Valencia para participar en la protesta contra el cierre de RTVV, señaló: «Nadie lloraría si cerrara la actual Canal 9». El líder del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, recortó ayer en un almuerzo comercial en Chiva que el exlíder del PSPV Jorge Alarte señaló ante Zapatero que si ganaba las elecciones lo primero que haría sería cerrar RTVV «por dignidad y libertad democrática». De hecho, la primera persona que apuntó la necesidad de ejecutar un ERE en la cadena pública fue el exdiputado y actual concejal socialista Vicent Sarrià.

Compromís también ha virado. De pedir el despido de cientos de trabajadores ahora se ha puesto al lado de los despedidos. Su portavoz, Enric Morera, aseguró que el único pacto que cabía en RTVV era despedir «a los 800 o 900 enchufados» que hay en la cadena pública. Ahora, el líder nacionalista se fotografía con todo aquel que luce una camiseta en contra del cierre. La diputada Mónica Oltra presentó el viernes una denuncia por la vía penal en el juzgado de guardia «por entender que hay prevaricación en la maniobra realizada por el Gobierno del PP para recuperar el control de RTVV».

La semana pasada, el número dos del PPCV, Serafín Castellano, durante un desayuno con los medios de comunicación, señaló que RTVV seguiría abierta fuera cual fuera la decisión judicial: «Ni puede ni debe desaparecer». Ocho días después, Castellano asumió la decisión del cierre anunciado por Alberto Fabra.

Las Provincias

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