Los impagos del Consell ahogan a las empresas gestoras del modelo Alzira

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Alberto Fabra en l’Hospital d’Alzira

La apuesta del Gobierno de Madrid por privatizar la gestión de seis hospitales públicos tiene como referente a la Comunidad Valenciana, que comenzó a desarrollar esta fórmula en 1999 y ha sido el espejo en el que se ha mirado el Ejecutivo de Ignacio González.

El modelo Alzira —así llamado por la localidad donde comenzó a aplicarse—, no atraviesa, sin embargo, su mejor momento en la autonomía que lo vio nacer. “La situación es agónica”, apuntan fuentes de las empresas concesionarias, debido a los retrasos en el pago de la Generalitat. La extrema debilidad financiera que sufren las cuentas públicas valencianas ha acabado por afectar a las cinco adjudicatarias que gestionan los departamentos de salud que la Generalitat ha cedido a la iniciativa privada. Tras el hospital de La Ribera (Alzira), llegaron Torrevieja (2006), Dénia (2006), Manises (2009) y Vinalopó-Elche (2010).

Desde 2010 no ha habido nuevas concesiones. Y el modelo no crecerá a través de centros públicos ya existentes, como en Madrid. Hace unos meses, el presidente de la Generalitat Alberto Fabra, se distanció de las intenciones de Ignacio González, al señalar: “adaptar el modelo Alzira a la fórmula tradicional [hospitales públicos ya en funcionamiento] es muy complicado; no lo queremos hacer”.

La deuda ronda los 150 millones de euros

El Gobierno valenciano debe tres mensualidades, correspondientes a diciembre, marzo y abril (tampoco ha pagado mayo y junio, pero estos meses entran dentro del periodo de abono de 60 días que habilitan los pliegos del concurso). Fuentes de la Consejería de Sanidad admiten la demora y señalan que se tratará de saldar lo antes posible. La deuda ronda los 150 millones de euros. Nunca hasta ahora la Administración valenciana había acumulado tanto retraso.

La Generalitat siempre había tratado de blindar el pago a las concesionarias, ya que la fórmula Alzira ha sido una apuesta que el PP valenciano quería proteger. En otros momentos de debilidad de las empresas, se llegó incluso a modificar las condiciones del contrato original. Es lo que sucedió con Alzira en 2003. Los números no le salían a la adjudicataria (integrada mayoritariamente por Adeslas y Ribera Salud), por lo que la Generalitat rescindió el acuerdo y redactó unos pliegos nuevos más beneficiosos para la empresa. En lugar de sacar a gestión solo el hospital, se decidió acompañarlo de todo el departamento de salud, y elevar la cápita. Esta fórmula mejorada es la que se exportó al resto de concesiones.

Cospedal dice ahora que ya no urge ceder la gestión de centros

Mientras pudo, la Administración valenciana priorizó el pago a las concesionarias por delante de otras deudas, por ejemplo, el reembolso de los medicamentos con receta de la sanidad pública a las farmacias. Pero las tensiones presupuestarias han llegado al extremo de no poder mantener esta situación de privilegio.

Las empresas no esperan una pronta solución del problema. Señalan que desde la Generalitat se les ha trasladado que el Gobierno valenciano no podrá ponerse al corriente de sus pagos hasta percibir el Fondo de Liquidez Autonómica, una inyección de créditos estatales que no llegará hasta el mes de octubre. Entonces, los impagos podrían haberse duplicado. Y haberse agudizado la tensión que padecen las empresas. En concesiones como Dénia, está vigente una modificación de las condiciones de trabajo, con una jornada laboral al alza por las condiciones económicas que atraviesa. Manises dejó de abonar parte de los salarios de los meses de junio y agosto del año pasado por retrasos de la Generalitat menores a los actuales.

En la Comunidad Valenciana, como en Madrid, también se llegó a presentar un recurso en contra de la gestión privada de la sanidad pública. Lo impulsó CC OO, con el argumento de que la concesión administrativa —la fórmula jurídica empleada en Alzira— no era una herramienta válida para ceder la gestión. Los tribunales tumbaron la denuncia del sindicato.

Castilla-La Mancha también anunció su intención de seguir los pasos de Valencia. En febrero de 2012, la autonomía presidida por María Dolores de Cospedal hizo pública su intención de entregar al sector privado los hospitales de Tomelloso, Villarrobledo, Almansa y Manzanares. La fórmula elegida era el modelo Alzira y estaba previsto que este verano tuviera lugar la transferencia de gestión. Sin embargo, el proyecto está paralizado. Cospedal dijo hace un mes que no se iba a privatizar ningún hospital, aunque no renunciaba “a modernizar los modelos de gestión”. Fuentes de la Consejería de Sanidad de esta comunidad trasladaron ayer a este diario que gracias “al ahorro conseguido con las medidas de eficiencia la iniciativa ya no es una medida urgente”.

El Pais

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