Una falacia podría definirse como un argumento que parece válido pero no lo es.
En los tiempos que vivimos muchos son los engaños a que estamos sometidos y muchos los argumentos que se nos ofrecen como verdaderos pero que, en el fondo, no reflejan sino el afán de los que los exponen de llegar a la conclusión deseada.
Una de las cuestiones que en este momento están sobre la mesa es el futuro del sistema de pensiones públicas que tenemos en España, a cuyo alrededor se ha montado toda una falacia que persigue convencernos de que lo inevitable es que se bajen en cuantía y se prolongue la vida laboral hasta los 67 años o más.
Se parte de premisas que se consideran irrefutables:
– El incremento de la esperanza de vida.
– El envejecimiento de la población, la dichosa pirámide poblacional que ya no es tal.
– La creciente desproporción entre cotizantes a la Seguridad Social y beneficiarios del sistema de pensiones.
Y con estos mimbres se reúne a un comité de sabios, se hacen proyecciones a largo plazo (esto casi siempre falla), y consecuentemente se llega a las conclusiones ya dichas de menor pensión y mas edad para cobrarla.
A las premisas anteriores, que no voy a poner en duda pues a fin de cuentas son datos salvo las proyecciones que son otra cosa, falta añadir otra más:
– Los pensionistas han de percibir sus pensiones de lo que cotizan los trabajadores dados de alta en el régimen.
Con esta premisa yo no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Acaso los impuestos del alcohol, del tabaco, de los vehículos, etc… van a sus sectores respectivos?.
Vincular las pensiones a las cotizaciones de los trabajadores es una decisión política que puede ser modificada políticamente, basta con que la Sociedad adopte otra solución para cambiarla. Otros países no tienen esa vinculación, las pensiones se pagan de los impuestos que recauda el Estado, como los demás gastos sociales.
En lo últimos años, los de la crisis (depresión mas bien, o crecimiento negativo que le gusta decir al Ministro del ramo) el desempleo ha pasado del 9% al 27% , la población ocupada ha bajado en más de tres millones de personas, pero el PIB apenas ha descendido un 3%. Evidentemente la recaudación de la Seguridad Social ha bajado mucho más de lo que lo ha hecho el conjunto de la producción del país (PIB), esto es lo que se llama productividad (para algunos competitividad).
En un país con un paro enquistado, donde el desempleo juvenil es enorme, en donde se tiende a abaratar el salario de los ocupados generando además el temor a perder su empleo, hablar de prolongar la edad de jubilación suena a recochineo.
El sistema productivo que tenemos, aquí y en el resto de Europa, requiere cada vez menos personas ocupadas. Es una tendencia histórica, en gran medida por las innovaciones tecnológicas, que la población dedicada a los sectores productivos (agrario, industrias extractivas y de fabricación) necesitan una menor cantidad de mano de obra basta para ello mirar a las estadísticas publicadas el INE, pero es que además la irrupción de la globalización ha agudizado aún más esta tendencia.
Para resolver este rompecabezas hay que replanteárselo todo, porque todo se puede cambiar si hay voluntad para ello.
Considero necesario volver a repensar nuestro sistema de pensiones, para que éstas se abonen directamente de los presupuestos generales del Estado.
Las pensiones públicas no son un gasto para la Sociedad como se nos quiere convencer, al contrario, es una fuente de riqueza que revierte en el conjunto, basta pensar que gran parte de las pensiones pagadas vuelven a revertir al Estado en forma de impuestos. Pero además las pensiones deben de ser dignas, de tal forma que cualquier persona vea su futuro no con temor sino con confianza.
La confianza en el futuro es lo que hace que la economía en su conjunto funcione mejor hoy.
Salvador Peris / Economista
El Gobierno se ha fijado entre sus retos inmediatos la reforma de las pensiones , la tercera de envergadura en la época democrática de España. El envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema. La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales. Pero no hay consenso sobre la forma en que hay que llevarla a cabo. ¿Cuáles son las posturas de unos y otros? ¿Dónde están los mayores puntos de fricción? ¿Cómo se puede asegurar su viabilidad? Aquí tienes las principales claves de todo ello.