El mundo judicial clama contra el Gobierno tras el último indulto de un conductor kamikaze, condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 21 años en la AP-7. Jueces y fiscales criticaron ayer la concesión de esta medida de gracia en un caso en el que tanto la Audiencia que le juzgó como la Fiscalía de Valencia se opusieron a la pretensión del Ejecutivo.
Las estadísticas muestran, más allá del caso de este conductor valenciano, que los indultos relacionados con la seguridad vial se han incrementado en el último ejercicio. El pasado año se concedieron en toda España ocho medidas de gracia. Las mismas que en los últimos seis años. Por ejemplo, en 2009 y 2011 tan sólo se otorgó uno. En 2007 y 2008, ninguno. Y en 2006 fueron cuatro indultos, según los datos facilitados por el Gobierno.
Desde el ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón apuntaron que también han crecido las solicitudes relacionadas con estos delitos. Por ejemplo, durante el pasado año se presentaron 1.251. En 2011, fueron 864. El crecimiento del 45% de estas peticiones explicaría cómo se pasa de conceder un sólo indulto a dar ocho.
El mayor número de indultos se concentra en el principio de la década de 2000. Pero en aquellos años no existía la conciencia social que existe ahora respecto a este tipo de delitos. Sólo así se puede entender que en el año 2000 se otorgaran 226 indultos.
El primer año de Zapatero en el poder también resultó beneficioso para los condenados en esta materia: 14 personas disfrutaron del perdón gubernamental.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner , confesó ayer que no le gusta y que le llama la atención el indulto concedido al kamikaze. «A mi no me acaba de gustar (…), pero es una función del Gobierno y del rey, en definitiva, que es el que firma los decretos», indicó Moliner a Efe en los pasillos del Senado, a cuyo presidente, Pío García-Escudero, entregó la última memoria del CGPJ.
El responsable precisó que tanto el Gobierno como el Rey «hacen lo que creen que tiene que hacer». No obstante, algunos indultos son llamativos y a él «también» le «llaman la atención».
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también recriminó el pasado miércoles la decisión adoptada por Justicia pese a que él también estaba en el Consejo de Ministros. Dijo que se trataba de un caso excepcional, pero que habría que estar «más atentos» en el futuro.
Más incisivo en sus declaraciones fue el portavoz de Jueces para la Democracia, que reclamó una reforma legal para que los indultos sean motivados y queden sujetos a criterios de equidad y proporcionalidad y al control de los tribunales para evitar la «apariencia de arbitrariedad y amiguismo» y el «uso abusivo» por parte del Gobierno.
El representante de la organización progresista, Ximo Bosch, apuntó que la medida resulta «contraria a la Constitución», que prohíbe la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, y «quiebra los principios de igualdad y seguridad jurídica».
Este último extremo hace referencia al hecho de que no se conozcan las razones por las que una persona es indultada y otra no lo es. En el caso del kamikaze, el Gobierno consideró el informe favorable de Instituciones Penitenciarias y un condicionante médico. Se trataba de un posible brote de epilepsia, que se limitaría como una manifestación de ausencia, que le hizo perder el dominio sobre sus actos. Tanto la Audiencia de Valencia como el Supremo rechazaron esa posibilidad.
«Usurpa» funciones
Bosch consideró que con estas actuaciones el Ejecutivo está «usurpando» las funciones del Poder Judicial. De tal forma que parece convertirse en una «especie de última instancia» que no debe justificar sus actuaciones.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) se sumó a las críticas por la «incomprensible» proposición del Ministro de Justicia no solo por la gravedad de la pena indultada, sino por la desproporción de la multa que la sustituye, sus consecuencias, y la motivación de la misma.
La sanción económica es una multa de seis euros diarios durante dos años. En total, algo más de 4.000 euros. De esta forma, y tras haber pagado las indemnizaciones a las víctimas del accidente, eludió la prisión el pasado 7 de diciembre.
El PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados una solicitud para que el ministro de Justicia explique las razones que han llevado al Gobierno a conceder esta prerrogativa y aclarar la vinculación de su hijo con el bufete que gestionó la petición de la medida de gracia.
El secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig , considera que la Fiscalía debe investigar si ha habido tráfico de influencias en el indulto y estima que el ministro se debería haber abstenido.
Las Provincias / Agencias /fotos EFE
