Rafael Blasco presenta su dimisión como portavoz del PP en las Corts tras ser citado a declarar como imputado ante el TSJCV

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Blasco y Fabra

El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, presentará su dimisión de este cargo previsiblemente este miércoles, ya que lo hará en la primera reunión del consejo de dirección del grupo ‘popular’, según han informado fuentes ‘populares’ a Europa Press. En este sentido, en declaraciones a la cadena SER, ha afirmado que «desde este mismo momento yo dejo de ser portavoz del grupo parlamentario, tal como adelanté el mes de junio», al tiempo que ha señalado que continuará como diputado.

Blasco ha recordado que puso su cargo a disposición del grupo ‘popular’ y del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el pasado mes de junio, después de que la jueza que instruye el caso de la supuesta trama de cooperación viera indicios de delito en su actuación al frente la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Así, delegó sus funciones en el ‘popular’ Rafael Maluenda.

Rafael Blasco presentará formalmente su dimisión como portavoz en la primera reunión del consejo de dirección del grupo que tiene previsto celebrarse este miércoles antes de que dé comienzo el pleno de las Corts.

ÚLTIMO EN DECLARAR EN EL ‘CASO COOPERACIÓN’

El hasta ahora síndico del PP en las Cortes Valencianas y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, es la última persona citada a declarar como imputado en la conocida como causa de ‘Cooperación’, que suma otros 27 imputados, de los que seis son funcionarios o excargos en la administración valenciana, como el ex director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip o el ex subsecretario de Sanidad Alexandre Catalá, ambos cesados en su día por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con motivo de su situación procesal.

Blasco –a quien, según el informe policial, personas imputadas en la causa le llamaban como ‘Roger Rabbit’, ‘Conill’ o ‘Conejo’– comparecerá el 18 de octubre a las 10.00 horas aunque en el TSJCV, que asumió la causa el pasado 5 de septiembre después de que el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que inició la investigación del presunto fraude en las subvenciones concedidas a ONG por esta administración entre 2008 y 2011, se la pasara al entender que había «sólidos indicios» de la participación del diputado, y por tanto aforado, en la trama.

La jueza de instrucción que investigó el grueso del asunto estimó la existencia de «sólidos indicios» de la participación de Blasco en la comisión de hechos que calificaba inicialmente como delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

De hecho, según reflejó el auto en el que elevó el caso al TSJCV, consideraba que Blasco participó de los beneficios «ilícitos» de la trama y conocía las «irregularidades» aunque no actuó.

Fiscalía Anticorrupción también entendía que el caso debía corresponder al TSJCV por considerar que había indicios delictivos «razonables» y «suficientes» que acreditaban la participación de Blasco en los hechos.

EL EMPRESARIO TAURONI

La investigación realizada por la juez apuntaba a que el empresario Augusto César Tauroni, el único en prisión, contactaba con pequeñas entidades sin medios personales y materiales para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo, y les ofrecía gestionar la parte administrativa y técnica de los proyectos. Entre ellas, figura Asade, Asamanu, Ceiba, Esperanza sin Fronteras, Fudersa y Fundación Cyes.

Tauroni decidió participar a través de la Fundación Entre Pueblos (posterior Hemisferio) en convocatorias públicas de subvenciones, al contar con la «aprobación y apoyo» de Blasco. El propósito era desviar parte de los fondos públicos, para lo que el empresario creó un entramado de empresas en España y EEUU, que facturaban a las pequeñas entidades que recibían las subvenciones muy por encima del precio de mercado o bien las ONG no llevaban a cabo el servicio.

La juez recoge como ejemplo de las actuaciones los proyectos otorgados a la Fundación Cyes en 2008 para abastecimiento de agua a Nicaragua y producción de alimentos, cuando la entidad no podía acreditar experiencia previa. Los técnicos se negaban a hacer el correspondiente informe por el que Blasco podría aprobar las subvenciones.

El entonces consejero les convocó a una reunión en las que les expresó su desagrado y les exigió «de forma persistente» que les entregaran el acta para darle curso y llegó a dirigirse a ellos «encolerizado» con advertencias de revisar todos los expedientes. La entidad recibió 1.666.818 euros de los que solo 43.000 se transfirieron a Nicaragua. Con el resto, adquirió cuatro inmuebles en Valencia, por importe de 969.875 euros y abonó facturas «desorbitadas» a empresas de Tauroni.

Por su parte, de acuerdo con el fiscal, la «presión» para la concesión a los técnicos de proyectos a la Fundación Cyes «solo se puede explicar desde la relación de amistad y de negocio existente entre Blasco y Tauroni», como se desprende de las conversaciones telefónicas existentes entre los meses de mayo de 2011 a febrero de 2012.

El fiscal y la jueza recogen una conversación entre Blasco y Tauroni de 8 de junio de 2001 en la que el primer le dice al empresario que esté tranquilo, que va a salir todo muy bien y le indica que acabará con él de alcalde de Nueva York –posiblemente en referencia a los cambios producidos como consecuencia de nuevos nombramientos y ceses– por las elecciones del 22 de mayo de 2011.

En otra de ellas, incluida en el sumario, el empresario se dirige a Blasco para pedir que cuando tenga un momento le lleve «una coca-cola», o en otra en la que el entonces consejero le traslada que lo que quiere es que esté «muy animado y bien».

‘NEGROLANDIA’

En las conversaciones que constan en el sumario, Tauroni –identificado como ‘Mister X’– habla con su hermano Arturo, también imputado en la causa, de ‘Negrolandia’ para referirse a sus proyectos en África o en las que llegan a decir: ‘hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas’.

Además de los altos cargos y funcionarios imputados, hay otras 14 personas en su mayoría relacionadas con ONG y otros cinco que son administradores de empresas. Los proyectos sobre los que supuestamente se desvió parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, donde se había planeado construir un hospital tras el terremoto e incluso alguna técnica habló de la idea de una «ciudad».

Europa Press

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