La jueza ve indicios para imputar a Blasco y pide la acreditación como diputado

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Rafael Blasco

La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que investiga presuntas subvenciones irregulares a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, ve indicios para imputar al entonces titular de este departamento y actual síndic del PP en las Corts, Rafael Blasco, por lo que ha pedido a la cámara autonómica que acredite su condición de diputado.

El escrito supone el paso previo a la imputación del dirigente popular, implicado en la investigación abierta por ese juzgado en relación con el supuesto desvío de ayudas de la administración autonómica destinadas al tercer mundo durante el mandato de Blasco como titular de Cooperación.

Así consta en una providencia de la jueza Nieves Molina, con fecha de este lunes, día 11, en la que, ante el contenido de todas las actuaciones practicadas en esta causa en la que hay 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción, pide a las Corts la emisión de la certificación que acredite la condición de diputado de Rafael Blasco dados los «indicios existentes» en la causa para imputarle «hechos de naturaleza delictiva».

Asimismo, en este escrito, contra el que cabe recurso de reforma en el mismo juzgado en el plazo de tres días, la jueza, conforme a lo dispuesto en el artículo 759.2ª de la Lecrim, acuerda oir al ministerio fiscal, en un plazo de 10 días, sobre la procedencia de elevar exposición motivada al respecto a la sala de lo Penal del TSJCV.

La jueza que instruye este procedimiento investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciutadania –que dirigía el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco– en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

La titular del juzgado de Instrucción notificó el pasado 17 de mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto al que hasta ese momento y durante un año habían estado sujetas las diligencias previas, que incluyen los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

27 IMPUTADOS

Por estos supuestos delitos, el número de imputados asciende a 27, incluidos los últimos cinco administradores de empresas, a los que se le tomó declaración la pasada semana dentro de un pieza separada y sobre la que aún se mantiene el secreto.

De los 22 primeros imputados, seis son cargos o excargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.

Los otros 14 restantes, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG. Una de ella es el empresario Augusto César Tauroni, único que está en situación de prisión provisional desde febrero. En la investigación están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni. En el momento del levantamiento del secreto sumarial, no se había podido precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.

En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente,  «hinchar facturas que justificaban el dinero concedido».

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.

Durante el año de instrucción que lleva la causa en el juzgado, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registrados en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.

Asimismo, se ha acordado la intervención telefónica de diversos móviles, conversaciones que han dejado ver cómo presuntos implicados en la trama, como el empresario encarcelado y su hermano, hablan de la convocatoria los ayudas de cooperación y llegan a referirse a su ámbito de actuación como los «proyectos de Negrolandia» o a los «negratas». También se recogen en el sumario conversaciones del actual síndic del PP en las Corts y el empresario encarcelado.

Europa Press

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