El empresario de Alzira encarcelado presidía la Fundación Hemisferio destinada a mejorar las condiciones de vida en los países pobres

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La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, concluyó a primera hora de la mañana del domingo la toma de declaración de los siete detenidos por la trama de las ONG que continuaban pendientes de declarar. Y lo hizo adoptando una medida expeditiva, la de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para uno de los detenidos. Se trata del empresario de Alzira, César Augusto   Tauroni, presidente de Hemisferio, la ONG situada en el centro del entramado en el que se habría producido el fraude, la malversación de caudales públicas y la falsedad documental.
Para los otros 13 detenidos, la juez ordenó libertad provisional con comparecencia periódica ante el juzgado y retirada de pasaporte. Y de estos, todos menos uno con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y presentación periódica en los juzgados. Los 14 detenidos a lo largo del pasado jueves mantienen la condición de imputados. Y entre ellos, el exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip, persona de la máxima confianza del exconseller Rafael Blasco, que fue puesto en libertad sin fianza pero con cargos la madrugada del viernes al sábado.
La prisión provisional decidida para uno de los Tauroni -a quienes también se considera cercanos al portavoz parlamentario de los populares- pondría el foco de la investigación judicial en Hemisferio (la antigua Entre Pueblos). César Augusto Tauroni es el presidente de una entidad que, según se investiga, habría sido la encargada de buscar conexiones con otras entidades no gubernamentales con experiencia para poder tener acceso a ayudas públicas -en este tipo de concesión de subvenciones, la experiencia de las ONG suele ser un factor determinante para la adjudicación-. Hemisferio estaría en el centro de una trama a la que desde el PSPV se atribuye un fraude que podría rozar los nueve millones de euros. De esa trama formaría parte, además de Felip, el exjefe de área de Cooperación del Gobierno valenciano, Marc Llinares, al que otro de los detenidos, Fernando Darder, habría atribuido presiones para que su ONG, Esperanza sin Fronteras, se presentara junto a Hemisferio para optar a las ayudas para el Tercer Mundo de la Generalitat.
La prisión provisional ordenada por el juzgado para uno de los detenidos deja entrever que la juez Molina sospecha que existe riesgo de fuga en el caso de que lo dejara en libertad provisional. O como apuntan algunas fuentes, simplemente para tratar de obtener alguna información adicional al someterlo a la presión añadida que supone permanecer en prisión mientras el resto de los detenidos logra la libertad. La condición de secreto del sumario de este procedimiento hace imposible saber si la juez está a la espera de obtener alguna información nueva o si ha solicitado alguna comisión rogatoria (una comunicación oficial que un juez dirige a una autoridad judicial extranjera, para que ésta ejecute un acto de instrucción o practique otra diligencia).
En todo caso, en manos de la titular del juzgado de instrucción número 21 está ahora la decisión fundamental -y por qué no decirlo, la que encierra más morbo- en relación con esta investigación: la de proponer o no la imputación de Rafael Blasco, conseller de Solidaridad y Ciudadanía (con competencias sobre Cooperación), en la etapa investigada.
No es necesario que sea una decisión inminente -el secreto de sumario vuelve a ser determinante-. La juez Molina podría solicitar nuevas declaraciones, practicar nuevas diligencias, imputar a más personas y no pronunciarse sobre el portavoz popular. Todo ello, en función de las conclusiones que obtenga de las declaraciones tomadas desde el pasado viernes en relación con esta investigación.
Aforado
Si esas declaraciones apuntan al exconseller, y la juez considera que existen indicios suficientes como para imputarle, el procedimiento que debería seguir es sencillo: Tendría que elevar memoria razonada al TSJ valenciano en el que incluyera un relato de los hechos, aportara las pruebas obtenidas desde el comienzo de la investigación -se practicó un registró de cuatro horas en la sede de la dirección general de Cooperación, se han recogido expedientes y material informático, y se han efectuado intervenciones telefónicas y seguimientos policiales- y se incluiría una valoración de los hechos por parte de la juez.
¿Por qué al TSJ? Rafael Blasco es diputado en Les Corts, y por lo tanto cuenta con la condición de aforado -un privilegio en materia de jurisdicción del que gozan algunas personas (por ejemplo los diputados)-. Probablemente, lo primero que haría la juez sería solicitar al Parlamento valenciano certificación de la condición de diputado de Blasco, aunque esa diligencia podría ordenarla directamente el alto tribunal.
Llegado el caso al TSJ, sería la Sala de lo Civil y Penal la que debería pronunciarse sobre su admisión o no a trámite.
Por contra, si la juez no encuentra indicios contra el exconseller después de practicar todas las diligencias oportunas, dictará un auto para convertir esas diligencias previas en un procedimiento abreviado u ordinario, en función de los delitos que se imputen -el TSJ ha desvelado que se trata de falsedad documental, malversación, fraude y otros- y la gravedad de los mismos.

1 Comentario

  1. que pregunten x los negocios que ha montado, y le interesaba q diesen perdidas(año 2009-2010) yo he trabajado xra el.atendia llamadas como si fuera el ayuntamiento de alzira estando en benimamet

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