La corrupción y su impacto económico /Opinión: Miguel Costa

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A tenor del bombardeo de noticias que vemos constantemente en las noticias sobre numerosísimos casos de corrupción en nuestro país, lejos de ser un problema en vías de erradicarse, parece que cada vez es un problema de mayor envergadura. Posiblemente estemos ante los mayores niveles de corrupción de la historia de nuestra democracia. Al margen de las valoraciones éticas, morales y judiciales, el fenómeno de la corrupción tiene una influencia muy negativa en la economía.

Por definición, un dirigente corrupto es aquel que no gestiona eficientemente los recursos públicos, puesto que antepone los intereses particulares frente a los generales. Es aquél que admite un sobrecoste o un gasto innecesario. O peor aún, el que se apropia indebidamente de fondos públicos.

Consecuencias económicas

El impacto más directo y más evidente es aquél que se produce en las cuentas públicas. ¿Cuánto dinero público nos habríamos ahorrado sin estos excesos? ¿Cuántos intereses de deuda nos podríamos haber ahorrado? ¿Cuántos impuestos estamos pagando de más? Pero a largo plazo hay un impacto aún mayor todavía más difícil de calcular.

Cada vez que se hace una adjudicación de una obra, y la oferta ganadora no es la más económica que cumple los criterios de fiabilidad y calidad, se está premiando la ausencia de competitividad. Se está premiando la falta de productividad. Se está premiando la falta de saber hacer. Se está premiando la falta de formación y cualificación. Se está favoreciendo que empresas que necesitan más recursos para obtener un mismo resultado sigan adelante y obtengan beneficios, en detrimento de otras que sí son eficientes y están mejor formadas.

Si una empresa se plantea realizar una inversión para mejorar su eficiencia y detecta que en su entorno existe una empresa competidora que obtiene las licencias y los concursos sin presentar mejores ofertas, lo más probable es que desista en su proyecto de inversión. Puesto que no le aportará un mayor volumen de facturación, ni de beneficios.

En una gran parte de los casos de corrupción o malversación aparece otro agravante: la evasión fiscal. Dado que la corrupción y la obtención fraudulenta de financiación pública está perseguida por la justicia, se emplean mecanismos para esconder los fondos de las inspecciones, con lo que desaparecen completamente evadiendo los impuestos que corresponderían si la transacción hubiese sido legal.

Por tanto, a largo plazo la corrupción desincentiva la productividad, la competitividad, la cualificación y la formación, las inversiones e incentiva la evasión fiscal.

Consecuencias políticas

Los partidos políticos pueden argumentar que son víctimas de los políticos corruptos. Lo cierto es que la corrupción sólo puede darse en los políticos que gobiernan, puesto que los que están en oposición no pueden ofrecer favores a los posibles corruptores. Precisamente porque sólo puede afectar al partido que ostenta el poder, no hay oposición que no lo utilice como arma arrojadiza a fin de obtener rédito político. Algo justo, lógico, y loable.

Cuando se trata de un caso aislado, el partido que gobierna sufre todas las consecuencias. Pero cuando se trata de una concatenación de casos con alternancia de poder, el daño más severo lo sufren las instituciones y los ciudadanos por una gestión inadecuada, y en consecuencia, los políticos por el desapego de la ciudadanía. En definitiva, es una auténtica carcoma para todo el sistema democrático.

Medidas

Para hacer frente a este problema hace falta trabajar desde dos líneas complementarias: la persecución judicial y la transparencia.

Si las penas por corrupción, malversación, prevaricación y cohecho fueran realmente ejemplares, a largo plazo generaría un efecto disuasorio contra estas prácticas.

Debería firmarse un pacto de Estado entre los distintos partidos sobre transparencia y sobre cómo proceder ante cada caso, así no nos encontraríamos agravios comparativos entre casos similares y formas de proceder tan dispares dependiendo de quién sea el implicado. Entre dirigentes que dimiten a la primera de cambio, y otros que no sueltan la poltrona ni estando condenados. Entre políticos machacados sistemáticamente en los medios, y políticos que hagan lo que hagan, cuentan con la condescendencia de sus medios más afines.

Los distintos partidos ven en los casos de corrupción una posibilidad para lograr la alternancia, en vez de ver a un enemigo de la democracia que conviene eliminar del sistema cuanto antes, por encima de intereses partidistas. Por lo que en el fondo a muchos políticos les interesa que haya corrupción, como medio, para obtener el poder, como fin.

La transparencia es una conducta ejemplar que acota la corrupción. Una medida muy simple que favorece la transparencia y además permite reducir gastos es publicar en Internet las facturas contabilizadas por una administración pública. Por ejemplo, si se compran 10.000 folios en un departamento concreto, que se escanee la factura y se cuelgue en Internet. Si la compra no está plenamente justificada, por conveniencia o por precio, al gobernante le sonrojará su publicación, por lo que se echará atrás para evitar retratarse. Si el dirigente que admite dicha factura considera que la compra es adecuada, y su precio justo, no tendrá ningún reparo en hacerlo. Si el precio es ligeramente alto, cualquier empresa que pueda ofrecerlos a un precio más bajo, al ver a qué precio se están comprando en dicha administración les hará llegar una oferta para la próxima compra.

A medio plazo facilitará un abaratamiento de las compras, y por tanto se obtendrá un recorte de gastos sin perjudicar los servicios públicos. Justo lo que más falta nos hace ahora. Sólo hace falta un escáner… o ¿quizás algo más?

Miguel Costa

Alzira, 25 de febrero de 2012

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