Desahogados y privilegiados. Opinión: Vicente Furió

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El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y sus hombres de confianza, se dan cuenta ahora que la Comunitat Valenciana no puede seguir siendo la sede de grandes eventos y menos al desorbitado precio que se está pagando por los mismos, en especial la prueba de Fórmula 1, que tiene por escenario el circuito urbano de la ciudad de Valencia. En su construcción se invirtieron 100 millones de euros. Además, se precisan 25 millones para el pago del canon anual hasta 2014 más la aportación que hace RTVV de unos cuatro millones de euros.

Desde mi perspectiva, el gran problema no es lo que se paga sino la incapacidad para generar riqueza con este acontecimiento lúdico-social-deportivo y, en consecuencia, hay que ponerle freno. Si la prueba es rentable, entonces, nada hay que discutir. El gran jefe de la Fórmula 1, Berni Ecclestone no cederá porque se lo diga Alberto Fabra o Rita Barberá. Si lo hace es porque es conciente de que no es rentable y encima no posee otra ciudad u otro gobierno que le pague con la generosidad que lo ha hecho el señor Camps. La guinda del desasosiego la ha proporcionado la empresa Valmor Sport: nos hemos tragado sus desaciertos. El contribuyente valenciano asume unas pérdidas de cerca de 30 millones de euros, de la citada empresa, gracias al desparpajo de Fernando Roig, Jorge Martínez “Aspar” y José Luís Olivas.

La grandeza de Paco Camps

La mayoría de los grandes eventos se fraguaron, con dinero público, en los nueve años de gobierno de un sugestionado llamado Paco Camps. En sus fantasías llegó a proponer que Valencia fuese candidata a ser sede de una Olimpiada cuando no reúne los mínimos exigidos para optar a la misma. Pero, que le importaba a quien ha vivido y nos ha hecho creer que residíamos en la nube de la grandeza, de la riqueza y, en definitiva del despilfarro. Este señor dice amar a todo lo valenciano, nadie lo duda, pero con su tarea  sumada a la de sus antecesores (Joan Lerma, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas) han dejado a la Comunitat Valenciana con una deuda, según el Banco de España, de 25.000 millones de euros. ¿Cuántas generaciones de valencianos se precisan para saldarla?

Paco Camps y sus amigos nos ha llevado a la ruina. De ello han responsabilizado a todo aquel que se ha cruzado en su camino. Han dejado constancia de su irresponsabilidad y nula capacidad de autocrítica. Durante el tiempo que gobernaron disfrutaron del agasajo, de la compañía de la gente poderosa y guapa; de las ventajas que ofrece el poder. Han favorecido a sus amigos, de acuerdo con las informaciones publicadas, y han despreciado a los que les plantaban cara o no opinaban como ellos. Una gente que ha llegado a pesar que son unos iluminados. La domesticación de los medios de comunicación más poderosos de la Comunitat Valenciana han contribuido a ello.

El saqueo de los impuestos

El 10 de mayo de 2010, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, inició el camino y en las últimas semanas, tras contradecirse más de una vez, los gobiernos de Mariano Rajoy y Alberto Fabra han continuado por la senda que antes despreciaban: subir los impuestos, elevar la cuota del IRPF y aumentar el precio del litro de los carburantes, entre otras, para hacer frente al gasto sanitario.

Los buenos momentos de la última década han sido protagonizados por una clase política alejada de la realidad, de la ciudadanía a la que sólo se acercaban en las vísperas de solicitar el voto para seguir instalados en el privilegio. Ahora, cuando han llegado los malos momentos es cuando vuelven a recurrir al ciudadano, esta vez para saquearlo, desde la premisa de la subida de impuestos.

¡Vaya desfachatez! La mala gestión de unos pocos, de unos privilegiados, la tenemos que pagar todos. Defiendo la obligación de pagar impuestos a cambio del principio de la solidaridad y la convivencia. El que más tiene más debe de aportar para disponer de unos servicios, en relación a una sociedad avanzada. En cambio, pagar impuestos para satisfacer los delirios de grandeza de unos horribles gestores llamados políticos y, representantes públicos, equivale a decir que el ciudadano medio está siendo saqueado.

Tirar de la cadena

Mientras los impuestos suben, por cualquier concepto, seguimos a la espera de que se asuman responsabilidades en el denominado caso Emarsa (depuradora de aguas de Pinedo, Valencia). Es demasiada la porquería que sale a diario, de cuanto se ha hecho en dicha empresa de titularidad pública. Se precisa tirar de la cadena con todas las consecuencias. Sin embargo, por el momento, ni los imputados dimiten de sus cargos de responsabilidad. Hace un tiempo, los incriminados dimitían con el pretexto de poder preparar mejor su defensa. En esta ocasión no utilizan ni esta coartada. Se mantienen en el poder, con todas sus prerrogativas, tras regir una empresa pública a la que han dejado como cloaca de corrupción. ¿Esperan a que prescriba el posible delito? No es de extrañar, son así de desahogados. A Picassent (cárcel) suele ir poca ropa.

Vicente Furió

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