Profesionales sanos /Opinión: Xavier Cantera

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Quizás por la sensibilidad acumulada de algunos años como director  del Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual, he vivido de forma muy intensa la noticia de este verano sobre la muerte de tres usuarios de una residencia, gestionada por una empresas privada,  causada, presuntamente, por la cuidadora que los atendía. Parece ser que esta persona sufre algún tipo de trastorno mental  o desequilibrio en su personalidad.

Pero mi intranquilidad aumenta al conocer que tanto la Administración Autonómica como la Dirección de la Empresa quieren personarse como acusación particular en la causa contra la cuidadora, presunta autora de las  muertes de estas tres personas con discapacidad intelectual. No conozco todos los detalles pero, para las reflexiones que me propongo hacer, sin querer poseer la verdad, creo que  pueden servir los comentarios periodísticos además de la experiencia que tengo.

De entrada, creo que tanto la Administración como la Empresa son, bajo mi punto de vista, responsables en último término del suceso y por eso me extraña que se presenten como acusación particular. ¿Por qué digo esto? Porque en la nota periodística que he leído hoy mismo, se les critica a los compañeros de la presunta autora que si conocían los trastornos de conducta de la cuidadora, por qué no los habían denunciado. Yo creo que la responsabilidad de conocer, cuidar, atender y solucionar los trastornos de salud, sean del tipo que sean, que pueden padecer los trabajadores de un centro- empresa es de la dirección del centro u organización responsable, especialmente cuando se trata de una enfermedad que evoluciona mediante un proceso perfectamente controlable. ¿Cómo?  Mediante la vigilancia y el control de los comportamientos de los profesionales que es función de la Dirección  o Gerencia del Centro, también con la colaboración del equipo.

En segundo lugar, por medio de las revisiones médicas periódicas que la empresa debe hacer a sus trabajadores del centro. Y en tercer lugar, ofreciendo unas condiciones laborales preventivas de estas crisis, sabiendo, como sabemos la gente que trabajamos en el sector, que somos uno de los colectivos con más facilidad para que los trabajadores se “quemen” por el tipo de tensión que sufren y  por la exigencia de la atención que prestan. No es suficiente con ser buenas personas o decir que se tiene vocación para este trabajo sino que es preciso  ser buenos profesionales y dentro de esta profesionalidad  está la responsabilidad de cuidar y vigilar tu propia  salud, con la obligación de informar a la dirección del centro de aquellas condiciones personales que puedan afectar al ejercicio de tus responsabilidades en la atención a personas  dependientes. Por otra parte, para realizar todas estas exigencia, los centros deben recibir más ayudas formativas, personales y económicas para cumplir todo lo que exige la ley de la salud laboral y de la vigilancia de la misma por parte de la empresa. Debe existir un historial laboral de la trabajadora .

Otro aspecto que creo está directamente relacionado con la salud de los profesionales es la capacidad económica de las empresas responsables de este tipo de centros para poder sustituir al personal afectado por alguna crisis pasajera, para que no se convierta en crónica o para realizar el cambio de lugar de trabajo u horario  del profesional afectado a otro de menos responsabilidad y siempre ayudado por un compañero o compañera. Tampoco se trata de marginar a un profesional  que sufra un trastorno de salud mental,  cuando se sabe que el trabajo, en  condiciones adecuadas, puede ser una buena terapia. Pero resulta que tampoco recibimos las ayudas suficientes para pagar las sustituciones de las bajas de los profesionales y no me extrañaría que por ahorrarse algunos gastos, una persona siguiera trabajando sin coger la baja y en condiciones de reducción temeraria de la plantilla. La complacencia que en ocasiones tenemos las entidades responsables de los centros perdonando las pocas ayudas que recibimos de la Administración pública, por miedo a perder las subvenciones, por un falso conformismo ante la crisis o por simpatía  con  el color político, para dar una atención digna y de calidad no es perdonable cuando se trata de cumplir un derecho como el que tenían los tres usuarios como personas, como dependientes y como tutelados por la Administración.

Todo esto es la antesala de cuidar el derecho a la vida. Otras entidades, cuando la Administración no  dan los fondos suficientes, se los piden a las familias o a los colaboradores solidarios pero no se puede dejar nunca sin protección a los atendidos e  incluso si es necesario se firma un seguro  para usuarios y profesionales. Es triste pero sólo la caridad no es suficiente, hay que cumplir las leyes.

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