El gobierno municipal de Alzira ha calificado de «desaforada y vergonzante pretensión» la reclamación efectuada al ayuntamiento, de cerca de 46 millones de euros, por el administrador de la mercantil Centro Comercial Vilella SL.
En el escueto comunicado remitido esta tarde a los medios de comunicación, el consistorio explica que «la cantidad que se pretende como indemnización coincide con la que en su día le abonó la Mercantil CISA CARTERA DE INMUEBLES SL, precio que se confesó recibido mediante escritura autorizada por el notario de Valencia, D. Fernando de Miguel, el 26 de junio de 2009, en la que, además, el CC Vilella se comprometía a finalizar la edificación y la obra de urbanización, que no sólo abandonó si no que ahora pretende reclamarla del Ayuntamiento sin haberla ejecutado».
El Ayuntamiento tiene la intención de ampliar esta nota con una conferencia de prensa que se convocará la próxima semana «dado que ha sido imposible cuadrar las agendas del resto de personas y representantes de entidades que acompañarán a la alcaldesa de Alzira».
El gobierno municipal no gana para sentencias y exigencias de indemnizaciones, la última y la de mayor cuantía le llegó ayer por mediación de la mercantil, Centro Comercial Vilella 2003 SL, que le reclama al Ayuntamiento de Alzira la importante suma de 45.926.269,93 euros en calidad de responsabilidad patrimonial.
El contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso Riberaexpress, fue presentado ayer en el registro de entrada municipal por Emilio Oller, administrador de la firma promotora del complejo comercial “por el daño producido por el deficiente funcionamiento del Ayuntamiento de Alzira”. Caso de rechazar el ayuntamiento esta reclamación económica, como es lo más lógico, este caso, uno más, llegaría hasta los tribunales.
La compensación económica demandada la basan los promotores de Vilella en el “daño emergente” y en el “lucro cesante”.
El daño emergente, según el escrito de reclamación, lo tasan en 8.546.458,78 euros por ser el “resultante de sumar los importes de los costes de urbanización y gastos de promoción del Centro Comercial”. Mientras que el lucro cesante (beneficios estimados perdidos) lo estima el administrador en 37.379.810,85 euros.
La promotora explica con detalle los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia de la anulación de su condición de agente urbanizador y la consiguiente paralización de las obras. Así argumentan que el “deficiente funcionamiento del ayuntamiento” que le ha impedido ”recobrar los costes de urbanización” además de producirle, “la pérdida de los gastos de promoción del Centro Comercial y la pérdida ocasionada por la necesidad de transmitir el inmueble para pagar las deudas que se han contraído”.
El Complejo comercial se vendió por un precio muy inferior al tasado
El administrador echa en cara al consistorio que no hubiera actuado “elevando a público la condición de Agente Urbanizador con la observancia de las normas que el TSJ de la Comunidad Valenciana entiende infringidas”.
Y aporta todos los justificantes que acreditan el gasto producido por las obras de urbanización, también por las actuaciones de promoción del Centro Comercial y además porque la enajenación del inmueble se produjo “por un importe muy inferior al que la propia Sociedad de Tasación SA le atribuyó mediante informe”.
Bancaixa adquirió a la mercantil, Centro Comercial Vilella 2003, las obras del complejo en junio del año 2009 por el importe de 45.974.968,15 euros. Y tal y como se explica en la demanda, la venta obedeció a “la falta de financiación que a su vez tiene su origen en la anulación de la adjudicación de la condición de Agente Urbanizador”.
Como el certificado procedente de la Sociedad de Tasación SA, valora el inmueble en 83.354.779 euros, los promotores aducen unas pérdidas en la transacción de 37.379.810,85 euros”.
La reclamación patrimonial presentada culmina declarando la existencia de “una relación causa-efecto directa entre el daño que se le ha producido a esta mercantil” y que la cantidad reclamada la cuantificó teniendo en cuenta la “correspondiente revalorización de la lesión sufrida conforme al incremento del IPC, computado desde que se hizo el gasto o la pérdida de beneficio hasta la fecha de la resolución que ponga fin a este expediente administrativo”.
El aval causante de las hostilidades
Las estrechas relaciones que mantuvieron los promotores del centro comercial con la alcaldesa y el gobierno municipal, se rompieron hace algún tiempo y ahora han desembocado en esta millonaria reclamación económica.
Todo se torció cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó el contencioso-administrativo interpuesto por las mercantiles Coello y Simó SL y Agrícola Matoses SL que anuló y dejó sin efecto el Programa de Actuación Integrada (PAI) del secotr Vilella 1 donde empezó a levantarse el emporio comercial. Decisión ratificada por la sala tercera del Tribunal Supremo en mayo del pasado año.Ello significó la anulación de la adjudicación definitiva concedida por el pleno del Ayuntamiento de la condición de Agente Urbanizador a la promotora local en octubre del año 2005.
El administrador recuerda al consistorio que la entidad promotora contó con la declaración de Impacto Ambiental de la consellería de Territorio, con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que le fue concedida la licencia de actividad por el gobierno municipal entre otros requisitos y autorizaciones.
Pero las relaciones se rompieron definitivamente cuando el equipo de gobierno municipal, amparándose en un informe de los técnicos municipales decidió ejecutar el aval presentado por los promotores,- próximo a los 700.000 euros- que se le exigió al concederles la condición de Agente Urbanizador. Un aval cuya devolución han reclamado, de forma insistente, el grupo de inversores alzireños sin éxito.
RIBERAEXPRESS
