Esperanza con su hijo y dirigentes comarcales de Amnistía en Alzira

La defensora colombiana de derechos humanos, María Esperanza Ramírez, se ha visto obligada a huir, recientemente, de su país. El pasado viernes contó en la sede de Amnistía de Alzira, su dramática historia y explicó cómo las violaciones de derechos humanos continúan, poco después que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, haya visitado España con el fin de recabar apoyos para el «postconflicto».

Dignidad

Desde el pasado mes de septiembre, Esperanza, se encuentra en un municipio de la Comunitat Valenciana junto con Santiago, el menor de sus cinco hijos, gracias a un programa de AmnistiaInternacional por el que puede residir, durante un año en España en calidad de refugiada. Vivía en Miraflores, municipio del sur del país que pertenece al departamento de Guaviare. «Con mucho dolor mis otros cuatro hijos se han quedado allí, ello supone la desintegración de la familia», manifestó desolada a Riberaexpress.

Conflicto político, económico y social

I Esperanza añadió, «nos están diciendo que perdonemos y olvidemos, pero exigimos que sea con dignidad». Esta refugiada colombiana tiene muy claro que el conflicto de su país «es político, económico y social, aparte del armado».

Por culpa del conflicto armado entre el ejército y las FARC, perdió a su marido y a la granja familiar que poseía en Miraflores. El continuo atropello de los derechos humanos le abrió los ojos, «nos enseñaron que teníamos derechos» y ahora se ha convertido en una ferviente luchadora preparada, como allí dicen, «soy una abogada empírica».

Responsabilidad del Estado

El 24 de octubre de 2014 ella junto con otros activistas, recibió la última amenaza por parte de las denominadas Águilas Negras, que operan en Cundinamarca. En esa lista figura su nombre propio, María Esperanza Ramírez, y el de su organización, la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica (ADESCOP). Señor Santos, el Estado no puede evadir la responsabilidad de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos.

Carta de Esperanza al presidente de Colombia 

Mi nombre es María Esperanza Ramírez, tengo 58 años, soy mujer campesina, tengo cinco hijos, seis nietos y dos bisnietos. Estudié hasta quinto de primaria y hoy soy abogada «empírica». La mayor parte de mi vida viví en Miraflores, en el Guaviare, al sur de Colombia. Allí, entre los años 1995 y 2000, hubo unos enfrentamientos muy fuertes entre la fuerza pública y la guerrilla. Nuestro pueblo fue quemado, destruido, mucha gente, familiares, vecinos, amigos fueron asesinados. Por un momento sentí que las historias de la guerra de Vietnam que yo leía cuando era muy joven estaban pasando ante mis ojos. Lo perdimos todo y tuvimos que salir desplazados a la ciudad, a Bogotá. Con 50 años tuve conciencia por primera vez de que teníamos unos derechos, que no éramos culpables de lo que nos había pasado, y empecé a luchar por ellos, en especial, por los derechos de las mujeres desplazadas por el conflicto. Una lucha que ahora me ha obligado a abandonar mi país.

Señor Juan Manuel Santos, en Colombia la guerra continúa. Las mujeres seguimos siendo el objetivo perfecto de los dueños de la guerra. ¿Cómo se puede pedir apoyo internacional para un postconflicto en medio de un escenario real de conflicto? ¿Qué mayor prueba de ello que nosotras mismas, las mujeres defensoras de derechos humanos exiliadas? Desde aquí sentimos quecruzar las fronteras es solo la garantía de que no nos van a asesinar.Abandonamos nuestra patria huyendo de las balas, conscientes de que ha sido por defender los derechos humanos, por ser propietarias de tierras que son aptas para multinacionales y megaproyectos.

La defensora de derechos humanos, María Esperanza Ramírez, durante un acto en Amnistía Internacional Andalucía © AI

Hemos tenido que dejar atrás todo lo que poseíamos, en el olvido, a nuestras familias, lo más preciado, lo que de ellas nos ha dejado la guerra. Nuestras tierras, nuestro territorio, nuestras viviendas, nuestros colectivos de lucha, nuestras organizaciones de víctimas de base, los espacios donde realizábamos nuestro trabajo político y social, nuestra cultura… nuestro país, nuestra amada Colombia.

Ante tanto dolor y tanta crueldad, desarraigo, desintegración familiar, despojo y pérdida del tejido social, nos desgarra las entrañas el discurso político del “postconflicto”. Lamentamos recordarle, señor presidente Santos, que el conflicto sigue vivo y no entendemos que por parte del Estado se nos quiera exigir perdón y olvido.

Saludamos con mucho optimismo el diálogo de concertación para lograr la paz pero mientras que no se repare al universo de víctimas judicial y administrativamente, dando estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales, convenios y protocolos nacionales e internacionales no alcanzaremos esa paz.

Señor Santos, nuestras declaraciones están en el fondo de los escritorios del Ministerio Público, sin ninguna intención de que esto se denuncie para que así haya menos casos tipificados como delito, y por ende, el Estado se inhiba de la reparación por vía judicial argumentando los vencimientos de términos para las denuncias. Pero los delitos de lesa humanidad no prescriben, y en ellos se incluye el desplazamiento forzoso.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria de Carbón en la marcha del pasado 15 de febrero © Particular

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria de Carbón en la marcha del pasado 15 de febrero

Señor presidente, nuestro país sigue desangrándose. Las víctimas divagamos en los ámbitos locales, distritales, nacionales e internacionales y los y las que hacemos el trabajo de visibilizar y defender los derechos humanos estamos siendo callados por balines, fusiles, metrallas, o por falsas judicializaciones y señalamientos por parte del ministerio público, como el de Germán Vargas Lleras que, siendo ministro de Interior, tildó a los y las defensoras de “tramitólogos de desplazados” cuando lo que somos es líderes y lideresas de organizaciones de víctimas.

El Estado colombiano que usted encabeza tiene una deuda muy alta con las víctimas. No es justo que se trate de hacer creer a la comunidad internacional que se debe apoyar a Colombia para un postconflicto en el que no se ha pactado la paz y en el que los grupos paramilitares siguen amenazando, asesinando, sobornando, señalando y revictimizándonos.

En este momento, más de 200 líderes y lideresas siguen siendo amenazados de muerte. ¿Cómo se nos va a proteger? ¿O se trata de que nadie diga nada y todo siga quedando en la impunidad?

Señor Santos, el Estado no puede evadir la responsabilidad de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos.

La trágica noche de Miraflores por un ataque terrorista

Así se vivió en el municipio de Guaviare el atentado en el que murieron un niño y un policía en febrero de 2013.

 Tras el grito «hay un incendio, hay un incendio», hecho a través de un megáfono por pobladores de Miraflores, como acostumbran a hacerlo cuando tienen una emergencia, comenzó la noche trágica del pasado lunes para esta población del Guaviare. (Imágenes de Miraflores luego del atentado).

Habitantes y policías estaban apagando las llamas en la casa de un reciclador, a 70 metros del río Vaupés, cuando, según las autoridades, guerrilleros de las Farc lanzaron una granada.

«Estaban haciendo la cadena humana con baldes desde el río Vaupés para apagar el incendio, porque en Miraflores no hay bomberos, cuando explotó esa vaina. Eran como las 7 y 30 de la noche, y todo fue confusión y gritería», contó Sandra Sepúlveda, una mujer de 25 años que sobrevivió a la tragedia, en la que murieron el niño indígena de 11 años Fernando Fernández y el policía Diego Pinzón, de 24. Además, 28 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada.

Esta mujer, empleada de una estación de servicio, cargaba, al igual que la mayoría de víctimas,un extintor para controlar la emergencia. Como Sandra, estaba detrás de la casa y solo sufrió algunas heridas por esquirlas en las piernas.

En medio de la oscuridad, los mismo habitantes intentaron auxiliar a los heridos, pero el niño indígena y el patrullero de la Policía habían muerto de forma instantánea. Luego, sobre las 8 p.m., hicieron presencia tropas del Ejército y refuerzos de la Policía.

«El avión fantasma y un helicóptero artillado llegaron al lugar e hicieron un puente aéreo, porque las Farc hostigaron y se enfrentaron cuando llegamos», contó el general Hugo Enrique Acosta, jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea.

Según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que calificó el hecho como «un crimen de guerra diabólico y demencial», las Farc «quemaron la vivienda del reciclador como señuelo para atraer a las tropas. Sostuvo que cuando los vecinos ya habían controlado las llamas y apareció la Policía, un guerrillero «lanzó una granada».

El general Jorge Navarrete, comandante de la Brigada de Selva No. 22, que opera en la zona, dijo: «Todo parece indicar que por un camino oculto la guerrilla regó combustible hasta el río e inició el fuego».

El Ejército y la Policía atribuyeron el atentado al frente primero de las Farc, que comanda Arsenio Mejía, alias ‘Kokoriko’, guerrillero que habría sido cercano a ‘Mono Jojoy’ y con amplio prontuario. Él habría ordenado el ataque.

En medio de los destrozos, los pobladores de Miraflores -un lejano municipio a 150 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare- intentaban ayer recobrar la calma. El propietario de la casa incendiada no aparece, «al parecer por miedo», dice el Ejército. Y los familiares de 10 heridos, trasladados a San José y Villavicencio por la Fuerza Aérea, hacían ayer lo que podían para llegar hasta las ciudades a acompañarlos.

Anoche, a Miraflores arribaba un grupo élite con 30 hombres del Gaula del Ejército que patrullará la zona. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre los responsables del ataque.

REDACCIONES DE VILLAVICENCIO Y BOGOTÁ