Piden 6 años de prisión a un empresario de Alzira por verter residuos peligrosos en una cantera de Carcaixent

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El Ministerio Fiscal reclama una pena de seis años de prisión para el responsable de una empresa de extracción de áridos acusado de verter entre los años 2000 y 2013 residuos peligrosos en las canteras que explotaba en la localidad de Carcaixent, cercanas a la cuenca del río Júcar.

El fiscal pide también para el procesado, al que atribuye un delito contra el medio ambiente, una multa de 32.400 euros -declara responsable directa a la mercantil- y su inhabilitación para la explotación de áridos, gravas y arenas por un periodo de cuatro años y seis meses.

Asimismo, propone la clausura definitiva del establecimiento e instalaciones que la empresa, Graveman, tiene ubicadas en las parcelas afectadas.

La Audiencia de Valencia ha celebrado hoy una vista en la que se ha abordado una posible conformidad de las partes, pero el acuerdo no se ha cerrado y se ha señalado para junio de 2015 la celebración del juicio por estos hechos.

Según sostiene el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales, al menos desde el año 2000 hasta 2013, Juan Manuel V.C. llevó a cabo, a través de la mercantil Graveman SL, con domicilio social en Alzira, una explotación tipo cantera dedicada a la extracción de áridos (arcillas, piedra caliza y arenas) por excavación con uso de maquinaria pesada en ocho parcelas del polígono 45 de Carcaixent.

Durante este periodo, el acusado efectuó «por medio de la mercantil» un vertido y relleno del suelo de estas parcelas de residuos medioambientalmente peligrosos, entre los que el fiscal cita material de construcción y demolición, alquitranes, cartones, maderas, plásticos, corchos, envases plásticos y metálicos «de residuos tóxicos y peligrosos».

Además, ejecutó tales actividades, para las que «carecía de la correspondiente licencia municipal», incumpliendo los procedimientos de evaluación ambiental y, por extensión, la legislación existente al respecto.

Las parcelas sobre las que se llevó a cabo tal actuación tienen «naturaleza rústico-agrícola», mientras que una de ellas cuenta con la consideración de «zona de policía de cauce fluvial del río Júcar».

Como consecuencia de la acción continuada denunciada, se ha generado sobre los terrenos una «cubeta» de unos cien metros cuadrados de extensión, con profundidades variables, según las zonas, y que en algunos lugares alcanza los 12 metros de desnivel desde la cota natural de los terrenos.

Asimismo, se ha producido una «modificación irreversible» de las características naturales de los terrenos, debido a la retirada de la cubierta vegetal, excavación del suelo y del material geológico, selección, carga y transporte, depósito de residuos sin selección, compactación y cubrición, lo que modifica la orografía del terreno y condiciona su posterior restauración natural.

Todo ello constituye, según el fiscal, «un grave riesgo» para el equilibrio de los sistemas naturales por la alteración del patrón de inundabilidad de los propios terrenos y parcelas colindantes, dada la proximidad al cauce fluvial que constituye el río Júcar.

También, por el incremento del riesgo de erosión potencial de los terrenos, por pérdida de la cobertura vegetal y disgregación, y riesgo de contaminación para las aguas de la cuenca del río Júcar colindante.

EFE

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